En los últimos años Brasil ha dado mucho que hablar debido a los exabruptos y, sobre todo, las irresponsables medidas adoptadas por su primer mandatario, Jair Bolsonaro, y su equipo de gobierno; una situación que se agravó notablemente con la pandemia. Sin ir más lejos, la gestión de la pandemia, la postura negacionista, y los sobreprecios en la compra de vacunas, son sólo algunos de los aspectos en los que trabaja la Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI), que se formó en abril de este año, y que investiga una serie de irregularidades que podrían devenir en graves consecuencias para Bolsonaro y varios de sus funcionarios. Por ahora, las consecuencias más evidentes de su irresponsable manejo de la pandemia, le han valido encabezar los registros de muertes y contagios a nivel mundial, con más de 20 millones de contagios y más de medio millón de muertes, y el empeoramiento de las condiciones de vida de la mayor parte de la población.
Los números
Brasil vive una crisis económica que comenzó en 2015 y empeoró notablemente en 2016 luego del impeachment que destituyó a Dilma Rouseff. El Informe sobre la riqueza mundial 2021 del Instituto de Investigación de Credit Suisse publicado en Junio de 2021 indica que en Brasil las personas más ricas detentan casi la mitad de la riqueza del país (49,6%), y que esta proporción creció un 2,7% en 2020, durante la pandemia. El mismo informe advierte que para 2021 la tasa de pobreza extrema será de 9,1% (19 millones de personas) y la de pobreza de 28,9% (61,1 millones de personas).
“La crisis económica es extremadamente grave”, sostiene Hildete Pereira de Melo, doctora en Economía, profesora de la Universidad Federal Fluminense (Río de Janeiro) y activista feminista. “El hambre, el desempleo y la inflación, son problemas que afectan a casi toda la población”. Tanto Pereira de Melo como Lucilene Morandi -profesora de la misma Universidad y coordinadora del Núcleo de Investigación en Género y Economía (NPGE)-, coinciden en señalar que aunque hubo un pequeño crecimiento del PIB en el primer cuatrimestre del año, y se prevé que la economía crezca un 4% este año, esto sólo permitiría volver a los niveles de 2019, un año en el que la economía ya se encontraba muy deteriorada. Por otro lado, la mayor parte de los analistas concuerdan en que este crecimiento del PIB es producto del aumento de valor de las commodities a nivel mundial, algo que comúnmente beneficia a los países cuyas economías dependen de la exportación de materias primas. “Eso no tiene impacto en las condiciones de vida de la población”, opina Morandi. “Los beneficios son para el agronegocio y los sectores financieros. Estamos con una tasa de desempleo muy alta, casi del 15%. Los datos por regiones muestran que en el Norte el 40% de la población está por debajo de la línea de pobreza”.
Pese a que oficialmente se resistió a admitir los efectos de la pandemia, Brasil, al igual que el resto de los países del mundo, debieron tomar medidas de ayuda a los sectores de la población más vulnerables, lo se tradujo en transferencias monetarias de emergencia. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en A.L. el promedio de gasto en ayudas fiscales fue del 8,5%, casi el mismo promedio que las economias emergentes de Asia. En Europa, Estados Unidos o Japón fue de alrededor del 18,8%.
En Brasil, los planes asistenciales de la pandemia terminaron en diciembre de 2020. “Al principio el gobierno dispuso una ayuda monetaria para las personas desempleadas de 200 reales (33 euros), pero el Congreso presionó y se logró elevar esa cifra a 600 reales (99 euros) en general, y del doble para las mujeres jefas de familia”, cuenta Morandi. Esta ayuda se retomó en mayo de este año pero con un monto de menos de la mitad de lo que era. “Ahora el gobierno no tiene ningún plan, y actúa como sí la pandemia no existiera. La única preocupación que tiene son las elecciones de 2022. La pandemia afectó de forma más grave a los jóvenes, las mujeres y los negros. Las mujeres además no han retornado al mercado de trabajo y hay una probabilidad muy alta de que muchas no puedan hacerlo”. Para Pereira de Melo, Brasil sufre la peor crisis económica desde 1930, y las imágenes de largas colas en las puertas de las carnicerías de Cuiabá, en Mato Groso –provincia muy rica gracias al agronegocio-, esperando restos de huesos, parecen darle la razón.
Deforestación de la Amazonia
Por lo demás, siete grandes empresas de inversión europeas anunciaron que se desprenderán de sus inversiones en la comercialización de carne, de cereales e incluso de los bonos del Estado en Brasil si no ven progresos en la resolución de la creciente destrucción de la selva amazónica. Se estima que durante 2020, año de pandemia, se alcanzó la cifra de hectáreas perdidas más alta de los últimos 12 años, con un aumento del 14%. MapBiomas Amazonia reportó que el 99,8% de la deforestación fue ilegal. Asimismo, diez organizaciones de defensa del medioambiente, las más influyentes y conocidas entre ellas, publicaron en “Le Monde” un llamado para que se suspendan las importaciones francesas de productos oriundos de la región amazónica devastada por incendios criminales permitidos, o incentivados, por el gobierno de Brasil. Peticiones similares ocurren en Austria, Holanda y en varias regiones de Bélgica. “El riesgo de que las empresas extranjeras no quieran invertir, o retiren sus inversiones, es muy alto”, afirma la psicóloga Mónica Valente, miembro del Cómite Ejecutivo del Partido de los Trabajadores (PT) y Secretaria Ejecutiva del Foro de San Pablo. “También está en riesgo el acuerdo Mercosur/Unión Europea, que está en debate en algunos países de Europa”.
“Se trata de un gobierno extremadamente predatorio del capital construido en un proceso de desarrollo. La energía de Brasil era prácticamente del Estado, tanto el petróleo como la energía eléctrica”, cuenta Pereira de Melo. Hasta ahora las principales empresas de los sectores de energía, electricidad y petróleo eran estatales, pero la privatización de Electrobras y parte de Petrobras, modificó el panorama. “El proceso de privatización que se está llevando a cabo en este gobierno se convierte en un saqueo de bienes públicos porque no está vinculado a una estrategia de crecimiento, sino solo a la desinversión del estado”.
Pereira de Melo y Morandi coinciden en que a pesar de que la Constitución de 1988 garantizaba educación y salud para toda la población, “la política económica sigue la tendencia mundial de directrices tales como el Estado mínimo y el ajuste fiscal, que impulsaron las reformas económicas y las privatizaciones desde 1991”. Según Pereira de Melo “Brasil tuvo uno de los mejores sistemas de salud públicos del mundo, que fue desfinanciado en favor de la medicina privada”, y que lo mismo pasa con la educación. “La pandemia supuso un desastre, pero Brasil tiene la suerte de que su cultura y experiencia en cuanto a vacunas es muy buena. El pueblo brasilero acepta mejor la necesidad de la vacunación que muchos otros países”.
Comisión de Investigación Parlamentaria
El 13 de abril pasado el senado brasileño oficializo la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), integrada por 11 miembros titulares, que investigará la crisis y el colapso sanitario. Un informe difundido por la prensa habla de 23 posibles casos de irregularidades y omisiones en el combate a la pandemia que la comisión investigará en los próximos meses. Asimismo, son 123 las solicitudes de ‘impeachment’ que enfrenta el presidente brasileño. Esto después de que una coalición de 11 partidos políticos, apoyada por decenas de organizaciones civiles y sindicatos, presentara el pasado 29 de junio todas estas demandas en un solo documento, ante la Cámara de Diputados.
Entre todas las investigaciones que se llevan adelante se destacan tres denuncias por sobreprecios en la compra de vacunas. La primera es un contrato para la importación de 20 millones de dosis de la vacuna Covaxin. El convenio, suspendido temporalmente, estipulaba la adquisición de estas dosis a un precio que supondría un incremento de hasta el 1.000% del precio real. La segunda la dio a conocer el diario ‘Folha de Sao Paulo’ cuando publicó una entrevista con Luiz Paulo Dominguetti Pereira, el representante de una distribuidora de vacunas que el pasado febrero ofreció 400 millones de dosis de AstraZeneca al Mrio. de Salud. Dominguetti asegura que el director de logística del Ministerio, Roberto Ferreira Días, condicionó la compra de las vacunas a que el empresario aumentara en un dólar el precio de cada dosis. Dominguetti reafirmó sus acusaciones ante la comisión parlamentaria. Por último, el mismo ‘Folha de San Paulo’ divulgó un video donde el ex Ministro de Salud, el militar Eduardo Pazuello, afirma haber cerrado un acuerdo por la compra de vacunas chinas contra el coronavirus, Coronavac, a 28 dólares la unidad, siendo que el precio de mercado es de 10 dólares la dosis.
Para que el impeachment avance deberá pasar el filtro del jefe de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, aliado tradicional de Bolsonaro y quien hasta el momento ha rechazado todos los pedidos de juicio político en su contra. “Los pedidos de impeachment aumentan todo el tiempo y, como la popularidad de Bolsonaro sigue en baja, eso puede tener influencia en el comportamiento de Lira”, declara Valente. Sin embargo, el vicepresidente del país, Hamilton Mourão, minimizó la viabilidad del impeachment: «No hay espacio para que prospere una solicitud de juicio político. Estamos a un año más o menos de las elecciones. Vamos a dejar que el proceso continúe y llegar a octubre del próximo año para ver qué pasa».
Pero por si faltaba algo, la semana pasada, la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), que representa a casi 1 millón de personas de los pueblos originarios, presentó ante la Corte Penal Internacional de La Haya, una denuncia por «genocidio de los pueblos originarios» contra Jair Bolsonaro. El mandatario fue acusado por «invasiones y ataques de mafias agrícolas a las tierras indígenas, deforestación, quema de pastizales y destrucción del ambiente». También por «minería ilegal y apoyo a mafias de la minería ilegal en tierras indígenas y propagación de la pandemia de covid-19 en las tierras indígenas».
Protestas callejeras
El deterioro de Bolsonaro y su gobierno no sólo se expresa en el Parlamento sino también en las calles. Las protestas callejeras empezaron el 29 de mayo cuando la oposición decidió volver a las calles, a pesar del coronavirus, con la consigna “Fuera Bolsonaro”. La última de las protestas (la cuarta) se dio el pasado 30 de julio y movilizó a unas 600 mil personas en más de 500 ciudades de Brasil. A las consignas por la salida de Bolsonaro y el ‘genocidio’ que propició su negación de la pandemia se sumó el repudio a los militares por su participación orgánica en el gobierno.
Las últimas encuestas también son un reflejo del enorme desgaste de Bolsonaro. Sin ir más lejos, un sondeo del Instituto IPEC indica que habría perdido una tercera parte de sus votantes de 2018, y que tan solo cuenta con una intención de voto del 23%, cuando en 2018 fue elegido con el 55% de los votos. Mientras tanto, Luis Inácio Lula da Silva (PT) -quien aún no ha confirmado su candidatura-, aparece como favorito en las encuestas para las elecciones de 2022.
Reelección
Hasta ahora Bolsonaro no había puesto en duda su deseo de presentarse a una posible reelección, pero en las últimas semanas, a contramano de lo que viene diciendo en los dos últimos años declaró: «No me he lanzado, todavía no sé si voy a ser candidato». Contrariado con el panorama que se avecina de cara a las próximas elecciones y con el pretexto de suspuestas imperfecciones en el sistema electoral, unos días más tarde amenazó con suspender las elecciones. «Sin elecciones limpias y democráticas no habrá elecciones», sostuvo. En respuesta a sus denuncias de fraude el Tribunal Superior Electoral difundió un documento en defensa del actual sistema y abrió una investigación para que el mandatario explique las denuncias que hizo sin presentar pruebas. En tanto Bolsonaro respondió con una convocatoria para que la población se arme, tomando como ejemplo al pueblo de Estados Unidos y la toma del Capitolio.
En el plano internacional, la situación tampoco parece ser muy beneficiosa para Bolsonaro. Luego de una reunión que mantuvo con una de las referentes del movimiento neonazi alemán, Beatrix von Storch, muchos se preguntan si esto no es el comienzo de una carrera por erigirse como líder de una liga internacional de derecha. Habrá que ver. Por ahora aparece debilitado en el frente interno y en un contexto latinoamericano que tampoco le es muy propicio, en el que ve crecer nuevas fuerzas progresistas como en Perú o Chile, que se suman a las que ya venían de antes (México, Argentina, Bolivia), y que empiezan a plantear otro tipo de alianzas regionales. Bolsonaro, además, recibió un duro golpe con la salida de Donald Trump, su gran aliado en la Casa Blanca, ya que la relación con Biden no es, ni de lejos, la que tenía con su predecesor. “Lo más grave es la posición de paria a nivel internacional a la que nos ha llevado el gobierno de Bolsonaro”, concluye Valente. “Por eso queremos se vaya lo más rápido posible, son muchos perjuicios para el pueblo brasileño, para la humanidad y para el futuro de todos”.