Guido Croxatto forma parte del equipo de abogados que defiende al (ex) presidente del Perú, Pedro Castillo, del que también forma parte el ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Zaffaroni. Castillo se encuentra detenido desde el 8 de diciembre pasado en el penal de Barbadillo, la misma cárcel donde se encuentra recluido Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad.

¿Por qué decidieron defender a Castillo?

Porque el proceso por el cual se lo destituyó es ilegítimo, y porque está comprometido con las bases sociales y el pueblo excluido de Perú. Por eso está preso, no por otra cosa. 

Bueno, también porque está acusado de rebelión armada… 

Sí, pero una rebelión armada sin armas, las únicas armas que existieron apuntaron contra él cuando estaba en el auto con su hija Alondra, una niña de 10 años. Del lado de Castillo solo hubo un discurso. 

Lo que dicen los jueces es que igualmente incurrió en rebelión armada porque “en otras circunstancias eso hubiese sido muy peligroso”.

Eso es una barbaridad, y es un error grave de evaluación jurídica que comete el juez César San Martín, porque los delitos nunca se juzgan en otras circunstancias de tiempo y lugar. Decir que una acción es peligrosa porque en otras circunstancias hubiera sido peligrosa es reconocer que no fue peligrosa en las circunstancias en que sucedió. 

¿Cuál es la estrategia de la defensa? 

Primero, involucrar al tribunal constitucional peruano para que reconozca que el proceso de destitución de Castillo fue inconstitucional porque no respetó el reglamento del Congreso. La rebelión no se configura ni en grado de tentativa, tampoco la tentativa de conspiración, porque eso supone el concurso real de dos a más personas y Castillo firma solo el discurso, ni de flagrancia, porque a él lo detienen en un auto yendo a la Embajada de México, y eso no es una flagrancia material, no estaba en rebelión, estaba llevando a las hijas a una embajada. En ningún momento Castillo tuvo intención de fugarse ni de dar un golpe de Estado, esos son todos trascendidos. Jurídicamente te puedo decir que la destitución es irregular, con lo cual la vacancia es inconstitucional. En todo caso, hay que abrir un proceso de acción constitucional y seguir el procedimiento que fija el reglamento del Congreso para suspender o inhabilitar a un presidente, pero para eso hay que reponer a Castillo y luego tomar la decisión que corresponda.

¿Cuál es la estrategia en el plano internacional?

Voy a recurrir a la Corte Penal Internacional para denunciar los 70 asesinatos del gobierno de Dina Boluarte (la actual presidenta), y al Comité de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, porque el proceso es arbitrario y la destitución inconstitucional. Es decir, técnicamente Castillo sigue siendo el presidente de Perú. Es Boluarte la que está usurpando el poder, y la que tiene que ser imputada por el delito de conspiración por crímenes de Estado. 

El 3 de febrero pasado visitó a Castillo en el penal de Barbadillo, ¿en qué consistió esa visita? 

Lo que es importante que se sepa es que a Castillo se lo discrimina. Él está en la misma cárcel que Fujimori como si fueran lo mismo, cuando no es así. Fujimori es un criminal que mató y asesinó a un montón de personas y en la cárcel tiene privilegios que Castillo no, a Fujimori lo puede ver cualquiera y a Castillo no. Castillo, además, padece un trato hostil.

Hay quienes sostienen que la decisión que tomó castillo de disolver el Congreso fue una decisión errada, entre otras razones porque a la oposición no le daban los números para votar su destitución…

Yo como abogado estoy obligado a defender sus derechos, no sus ideas. Es un presidente que no tuvo juicio político ni derecho a defenderse. Hasta donde sea posible yo trato de separar lo político de lo jurídico. Sí sé que Castillo se sintió acosado por el Congreso desde el día uno y que el Congreso le obstruyó 140 proyectos de ley. Con Zaffaroni entendemos que la Constitución de 1993 hace del sistema político peruano un sistema muy difícil de gestionar y que no favorece la estabilidad política. En ese marco, Castillo trata de generar una reforma y pide una nueva Constitución que es, ni más ni menos, lo que le piden sus votantes, y ahí confronta con el statu quo de un sistema ilegítimo y racista. 

¿Puede calificar como lawfare lo que pasa con Castillo?

Por supuesto que sí, lo de Castillo es un capítulo más de la persecución que padecen en toda América Latina los líderes progresistas. Este año vencen en Perú unas concesiones de la época de Fujimori, y los contratos ley que le otorgan la administración de los recursos naturales peruanos a empresas transnacionales. Entonces, es lógico que esas empresas -que no querían a Castillo en el gobierno para renegociar esos contratos porque él ya les había adelantado que no se los iba a renovar-, hicieran todo lo posible para que fuera preso.

Hace algunos días viajó a Colombia para entrevistarse con el presidente Gustavo Petro quien, junto a López Obrador, es uno de los más férreos defensores de Castillo… 

En mi opinión, Petro es el líder más valioso de América Latina en la actualidad, es una persona con una enorme formación intelectual pero también con un enorme compromiso práctico y de una gran sencillez personal. Estuve una hora y media conversando con él, estaba muy interesado en saber cuál era la situación de Perú y de Castillo y, a la vez, muy informado, y quería conocer los argumentos de la defensa. Le di un resumen ejecutivo de un dictamen y evidentemente lo leyó porque cuando me fui tuiteó nuestra foto con un texto que decía: “Me reuní con Guido Croxatto, abogado de Pedro Castillo, presidente de Perú…”, más claro imposible.