Entre diciembre de 2007 y agosto de 2008 al menos 16 jóvenes del municipio de Soacha, aledaño a Bogotá, desaparecieron. Sus cuerpos fueron encontrados meses más tarde a 700 km de Soacha, en una fosa común de Ocaña, y reportados falsamente como muertos en combate por el ejército. La búsqueda de los familiares y los reclamos de justicia, sobre todo de un grupo de madres, dieron lugar a lo que los medios bautizaron como “Madres de Soacha”, pero que luego dio en llamarse MAFAPO (Madres de Falsos Positivos). Falsos positivos es el nombre con el que se conoce popularmente a estas ejecuciones extrajudiciales que fueron una de las formas con que se puso en práctica la doctrina de Seguridad Democrática del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010), quien exigió resultados a las fuerzas militares. Estás, ante la urgencia, respondieron con la ejecución extrajudicial de miles de jóvenes pobres.

Ejecuciones extrajudiciales

Luego del fracaso de los diálogos de paz de San Vicente del Caguán, en el año 2002 llegó a la presidencia Álvaro Uribe, con un discurso que prometía acabar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) en poco tiempo, a través de la confrontación armada. En un clima social donde primaba el descontento y la apatía luego de las negociaciones fallidas, y con una guerrilla sin voluntad de continuar las negociaciones de paz, la Doctrina de Seguridad Nacional gozó de amplia aceptación.  Aunque como señalan Carlos Gutierréz y Karem Peréz Ascencio en sus trabajos de investigación sobre el tema, se registran casos de ejecuciones extrajudiciales al menos desde 1984, la sistematicidad de los mismos aumentó significativamente entre los años 2002 y 2010, años que coinciden con las presidencias de Uribe. Asimismo, el Plan Boina (2006), un decreto presidencial que estableció los beneficios (permisos, ascensos y aumentos salariales) que recibirían los soldados al presentar guerrilleros muertos, configuró un escenario donde primaba la búsqueda de resultados sin importar los métodos, y en el que incluso se establecieron alianzas con grupos paramilitares donde el ejército presentaba como propios los asesinatos causados por estas organizaciones al margen de la ley.

A pesar de que la cantidad de falsos positivos es una cifra en disputa, se habla de 10.000 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre el 2002 y el 2010. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, una de cada tres bajas reportadas por el ejército correspondería a ‘falsos positivos’ y, al menos un 20% de las muertes presentadas en combate, fueron ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, un informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (2012), sostuvo que los falsos positivos no solo se volvieron un negocio sino que la expansión del fenómeno en todo el territorio colombiano, y un modo de operar delictivo complejo, permitieron concluir que los actos eran apoyados por los más altos mandos del Ejército, quienes, por lo demás, habían logrado sus ascensos luego de desempeñarse en unidades militares que habían llevado a cabo estos tipos de ejecuciones extrajudiciales.

La lucha

Aunque ante las reiteradas denuncias el Estado siempre respondía de que se trataba de una campaña de desprestigio internacional y negaba las acusaciones en su contra, la amplia difusión que alcanzó lo sucedido en Soacha representó un antes y un después de toda esta historia. La lucha que las madres llevaron adelante contra el olvido dio visibilidad a los brutales hechos y permitió que familias de todo el país comenzaran a denunciar la desaparición y homicidio de otras personas en circunstancias similares.  Actualmente, MAFAPO está integrado por 14 mujeres y desde 2018 cuenta con personería jurídica. Jaqueline Castillo es representante de la organización y hermana de Jaime Castillo, uno de los desaparecidos de Soacha. Se enteró de los falsos positivos por las noticias y, como las fechas coincidían con las de la desaparición de su hermano, viajó 16 horas hasta Ocaña, para finalmente confirmar que uno de los cuerpos hallados en la fosa común era el de Jaime.   “Después de sepultar a mi hermano y hacer la denuncia, me fui a Soacha a buscar a las madres de Soacha y desde ese mismo año vengo trabajando con ellas”. Jaqueline y Jaime formaban parte de una familia de 7 hermanos cuyos padres, desplazados a Bogotá, murieron jóvenes.   Jaqueline pudo costearse sus estudios universitarios pero sus hermanos no pudieron siquiera terminar la secundaria. Jaime vendía dulces o limpiaba los vidrios de los carros en los semáforos. “Él le contó a otro de mis hermanos que, en alguna oportunidad, alguien le había ofrecido trabajo para cuidar una finca. Ahora, muchos años después supimos, por los comparecientes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y el mismo reclutador que se llevó a Jaime, que los hacían bañar y los llevaban bien organizados con la falsa promesa de un trabajo”.

La JEP

En abril pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó dos audiencias públicas en la que diez militares retirados y un civil reconocieron su participación en más de 100 ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el municipio de Ocaña. La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP. Tiene la función de administrar justicia transicional, y conocer e informar sobre los delitos cometidos en el marco del conflicto armado. “Por las denuncias hechas en la justicia ordinaria no ha habido muchos avances.  Hubo dos condenas -una de 37 y otra de 54 años-, pero cuando se creó la JEP, estos militares -ya condenados-, fueron los primeros en acogerse a ese mecanismo y quedaron en libertad”, señala Jaqueline. Durante las audiencias de abril -cuyos videos se pueden encontrar en Internet-, los militares dieron detalles de cómo funcionó la estructura armada en varias unidades militares de la región y la forma en que engañaban a las víctimas antes de matarlas. Los imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad, en sus escalofriantes relatos, reconocieron su responsabilidad frente a los familiares de las víctimas que exigieron saber el nombre de quienes les ordenaron cometer esos delitos. 

En el año 2018, en el marco de las ejecuciones extrajudiciales, la Fiscalía le entregó a la JEP alrededor de 2400 investigaciones, pero la JEP, en base a la información que maneja, estima que las víctimas son al menos 6400. “Con la entrada en funcionamiento de la JEP, los casos que tenían curso en la justicia ordinaria se suspendieron y quedaron en un limbo judicial, ya que la JEP, a diferencia de lo que hacía la justicia ordinaria, no investiga caso por caso sino macrocasos”, cuenta Pilar Castillo, abogada de Jaqueline. Las ejecuciones extrajudiciales son parte de un macrocaso que prioriza algunas regiones. “Nos preocupa que los casos que no han sido priorizados no avancen por ningún carril. A 4 años de trabajo de la JEP solo se han dado resoluciones en dos regiones, Norte de Santander (jóvenes de Soacha) y Costa Caribe”. En el caso del Norte de Santander, unos 190 militares pidieron acogerse voluntariamente a la JEP y, de entre ellos, la JEP determinó que 11 eran máximos responsables. De esos 11 solo uno no había sido investigado hasta ese momento por la justicia ordinaria, los 10 restantes, o estaban siendo procesados, o ya habían sido condenados. “Lo que nos preocupa es que a la fecha se sigue sin llamar a los altos mandos. La línea de investigación de la JEP ha ido de abajo hacia arriba, pero ellos ya tienen material probatorio para vincular a los altos mandos”, concluye la abogada.

Guerrilleros

En una de las audiencias, el suboficial retirado del Ejército, Néstor Gutiérrez, confesó haber asesinado “personas inocentes, campesinos”. Gutiérrez relató también que preparó una lista de 14 campesinos inocentes que no tenían que ver ni con la guerrilla ni con grupos armados, y que estos serían asesinados posteriormente. También dijo que negoció con los paramilitares a quienes les compraban armas para ponérselas a las víctimas que asesinaban, y que simularon combates para entregar campesinos a quienes hacían pasar por guerrilleros muertos en combate. El militar retirado dijo que no justifica lo que hizo, pero que su accionar fue consecuencia de la presión de los «altos mandos» por mostrar resultados. “Lo de escuchar los testimonios de los militares en las audiencias públicas de la JEP fue muy duro, a pesar de que nosotros llevamos 14 años trabajando en el tema”, recuerda Jaqueline. “No cabe en ninguna cabeza que esto pueda ser realidad, que esas mismas personas que se supone tienen que cuidar la vida de los ciudadanos, hayan asesinado a miles de civiles. Sin embargo, hacerlo más visible siempre abre más puertas para que más gente siga hablando. Después de esos testimonios, me contactó un militar que está en Chile y me dijo que él no puede más con esa carga”. Otra de las declaraciones fue la de Santiago Herrera, coronel retirado del Ejército, quien dijo que «de manera irresponsable y sin calcular los riesgos” instigó a sus “subalternos a la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad».  

Para Jaqueline, la lucha, en primer lugar, consistió en demostrar que sus familiares no eran guerrilleros, y luego, que habían sido asesinados por miembros del ejército. “Cuando se empezaron a visibilizar estos hechos empezaron a salir denuncias en todo el territorio y hoy sabemos que fue una práctica sistemática que se llevó a cabo amparada por una política de Estado”. Aunque el gobierno de Petro genera expectativas respecto de lograr mayores avances en general y, en particular, respecto al funcionamiento de la JEP, la abogada se muestra preocupada por la persistencia en el cargo del Fiscal General de la Nación, quien no puede ser removido por el nuevo gobierno y que ha demostrado poco interés en avanzar con las investigaciones. “Cuando Petro ganó las elecciones yo recibí cientos de mensajes por Twitter que decían ‘mi voto fue por ustedes’”, recuerda Jaqueline. “Tenemos la esperanza de que estos casos no queden en la impunidad y que Petro les de la importancia que tienen”.