Hace casi un año, Pedro Castillo asumió la presidencia del Perú, dando la sorpresa en unas elecciones generales en las que prácticamente nadie lo vió venir. En un país con una enorme crisis institucional, ser un outsider de la clase política fue importante en esa rápida escalada que lo llevó al sillón presidencial. En un contexto donde casi todos los ex-presidentes de los últimos 30 años se encontraban con orden de captura, o procesos judiciales, este maestro rural y dirigente sindical, oriundo de la región de Cajamarca, forjó su imagen caminando el territorio, donde buscó, y encontró, sus principales respaldos. Aunque logró la victoria en una ajustada segunda vuelta, para la gran mayoría, la duda era sí Castillo, con la derecha y las elites empresariales jugando en su contra desde el minuto cero, y sin experiencia de gestión ni un programa de gobierno muy claro, podría enfrentar los desafíos de gobernar, y el desprecio de clase. La respuesta sigue sin estar clara, pero ahora, a los furibundos ataques de la derecha desde el Congreso, que ya ha hecho 2 intentos de destitución, se le suma la protesta de sectores sociales que tampoco parecen estar muy satisfechos con los resultados de este primer año de gobierno. 

Entre marzo de 2018, hasta la llegada al poder de Castillo y su equipo de gobierno, en julio de 2021, Perú tuvo 4 presidentes que no lograron terminar su mandato. Como señala la politóloga Paula Tavara, “desde 2020, con la vacancia (destitución) de Vizcarra, en Perú se normaliza la alternancia en el poder como arma política”. A fines de marzo pasado, Castillo enfrentó la segunda “moción de vacancia por incapacidad moral” de un Congreso dominado por una oposición de derecha, en apenas ocho meses de gobierno. En el juicio político no se alcanzaron los 87 votos que se requería para aprobar la destitución, 55 fueron a favor, 54 en contra y 19 se abstuvieron. El Congreso, a grandes rasgos, está dividido en tres grandes bloques de tamaño similar, uno más volcado a la izquierda que apoya a Castillo, uno de derecha radical que le hace la guerra, y uno de fuerzas de centroderecha y centro que critica al Gobierno, pero mayoritariamente no comulga con la destitución presidencial. 

En 10 meses de gobierno, Castillo ha hecho 4 cambios de gabinete, y nombrado más de 50 ministros. Los últimos cambios, en mayo pasado, no dejaron conformes ni al oficialismo ni a la oposición que, aunque no le jugaron en contra, no ahorraron críticas. Vladimir Cerrón,  líder del partido oficialista Perú Libre, atacó señalando la «extrema derechización» del Ministerio de Energía. Desde la oposición, el parlamentario ultraderechista Jorge Montoya -que siempre está a la orden cuando se trata de un intento de destitución contra Castillo-, señaló: «Pretender pensar que removiendo unos ministros se da alguna muestra de cambio, sería tan inocente como creer que este Gobierno no es comunista». Sin embargo, frente a los nuevos cambios, ni Perú Libre, ni una nueva bancada que se emancipó de ese colectivo, modificaron su respaldo al presidente, por lo que, en este momento, sigue siendo matemáticamente imposible alcanzar los 87 votos exigidos para una destitución.

“Creo que es una gestión que se ha centrado en su supervivencia política, lo que les ha llevado a hacer pactos con quien haga falta”, opina Tavara. “Pero es una confrontación meramente discursiva, hay una clara lucha por ver quién se queda con el poder. Están todos enfocados en defender intereses de sus partidos, o de determinados sectores, antes que los de la ciudadanía. Muchos, sino todos, están señalados por causas de corrupción”.

Algunos analistas sostienen que una nueva moción de censura del gabinete, por parte de los principales partidos de la oposición, podría poner en peligro sus propias bancas en el Congreso -dado que así lo establece la Constitución-, y ese no es un riesgo que estén dispuestos a asumir. Con lo cual, los congresistas de derecha esperan seguir adelante con la campaña de desgaste, y debilitamiento, y provocar, más temprano que tarde, la caída de  Dina Boularte -ministra de Inclusión Social, y vicepresidenta de Perú-, y, de esta manera, romper la línea de sucesión (de darse la destitución de Castillo) que, en ese caso, habilitaría a alguien más cercano a ellos. Boularte está acusada por la Contraloría de ejercer como presidenta de un club privado, actividad que le está prohibida a un jefe de cartera, con lo cual podría quedar inhabilitada para ejercer cargos públicos. 

A comienzos de abril, en Huancayo, capital del departamento de Junín, cuna de Perú Libre, surgieron una serie de protestas, a las que luego siguieron otras en distintas regiones del país, algunas con saqueos y violencia. Todo empezó cuando los transportistas iniciaron una huelga con bloqueos de caminos que coincidió con las movilizaciones del Frente de Defensa de los Productores Agropecuarios de la Región Junín. Entre las demandas estaban, entre otras, la bajada de precio de los combustibles y de los fertilizantes e insumos agrícolas. Finalmente se sumaron también sectores urbanos con consignas racistas. El gobierno reaccionó mal y tarde, y con la llegada de informes de inteligencia que hablaban de inminentes saqueos en Lima, decretó un toque de queda que dejó descontentos a todos, y levantó críticas por derecha y por izquierda. Castillo pidió disculpas a la población, y recordó que proviene del mismo pueblo que protesta en su contra. “La protesta, al ser esporádica, tampoco deja claro hacia dónde se quiere avanzar, son levantamientos muy puntuales que no alcanzan a la clase política. La población pide que se vayan todos, pero eso no está expresado en la calle ni en un movimiento ciudadano”.

En el marco de esta enorme crisis que atraviesa, el único consuelo es que las encuestas señalan que la imagen de Castillo es mejor que la del Congreso. Habrá que ver ahora sí encuentra un rumbo, y una nueva personalidad, que le permitan seguir gobernando. En octubre de 2017, la ex-presidenta Cristina Fernández de Kirchner  resumió en una frase algo que bien podría graficar las dificultades que encuentran muchos gobernantes latinoamericanos cuando llegan a la presidencia: “Identificar el poder con estar en el Gobierno es una burrada. Un presidente, del 100%, tendría el 25% del poder”, estimó. En coyunturas distintas, y en diferentes dosis y porcentajes, tanto Pedro Castillo, como Lula da Silva, Dilma Rousseff o Evo Morales, han podido comprobar que llegar al gobierno no lo es todo.