Argentina cuenta con varias leyes medioambientales que la sitúan como un referente en la materia, como la Ley General del Ambiente, la Ley de Glaciares o la Ley de Bosques, pero le falta una estructura judicial que permita aplicarlas y tipifique esta clase de delitos. Las personas que se ven afectadas por contaminación o extractivismo se encuentran desamparadas y acuden a instancias internacionales que tampoco les aseguran una solución. El activismo ambientalista discute leyes que protejan, pero también el modelo económico extractivista que es el problema de fondo. La economía argentina -y la de muchos países de la región-, arrastra un modelo económico colonialista que la condena a la explotación de sus recursos primarios.

“No hay legislación penal, en Argentina no es delito contaminar. Hay una gran impunidad ambiental, prácticamente no hay condenados a pesar de los desastres ambientales que hay”, sostiene el activista y abogado ambientalista, Enrique Viale. “En Argentina uno tiene una sanción si rompe la ventanilla de un coche pero si quemas un millón de hectáreas de un bosque nativo, como pasó en 2020, queda impune. Lo mismo sí tiras agroquímicos sobre una escuela. Un ejemplo muy claro es el derrame de cianuro de la empresa Barrick Gold en San Juan en 2015, que no tuvo ninguna consecuencia penal. Tenemos una gran dificultad con la aplicación efectiva de las leyes no sólo por parte del poder judicial sino también del ejecutivo”.

En el siglo XIX Argentina desarrolló un modelo de país agropecuario exportador basado en el uso de la tierra y la cría de ganado, vendiéndole alimentos principalmente a Gran Bretaña. Un modelo que funcionó hasta 1943 cuando el peronismo generó un nuevo modelo económico basado en la sustitución de importaciones, que buscaba producir todo lo que se pudiera en el país. Ese modelo fue exitoso hasta 1974, por entonces la pobreza, la desocupación y la desigualdad eran marginales. La dictadura militar (1976-83) quebró ese modelo, endeudo al país e hizo que esa deuda tomada por unos pocos recayera en el conjunto de los argentinos. El kirchnerismo reestableció algunas de estas variables impulsando el trabajo y la producción nacional, y desendeudando al Estado. Pero la gestión de Cambiemos, con Mauricio Macri a la cabeza, volvió a poner todo patas para arriba, beneficiando -entre otros- al campo, eliminando retenciones y tomando la mayor deuda que el FMI haya otorgado en su historia, para luego ser vendida por el Banco Central a fondos financieros y grandes capitales del país  que la fugaron. El extractivismo no es ni más ni menos que una vuelta a los fundamentos de la economía argentina, es decir, una economía basada en la explotación de los recursos primarios y su posterior venta al mejor postor.

“Nosotros (los ambientalistas) somos muy críticos del modelo extractivista que se nos impone colonialmente, del destino de ser proveedores de materia prima para el norte global”, señala Viale. “La totalidad del fracaso económico de la región está relacionada con ese modelo. Cuando discutimos ese modelo lo discutimos también en términos económicos. Argentina tiene unos niveles de pobreza enormes y gran parte de su territorio liberalizado en materia ambiental.”

En los últimos 25 años en la Argentina se deforestaron más de 8 millones de hectáreas de bosques y montes nativos, se utilizaron  más de 6.000 millones de litros kilos de agrotóxicos y más de 70.000 millones de litros kilos de fertilizantes sintéticos. Actualmente Argentina promueve un proyecto de  “Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas”  con el objeto no solo de lograr el autoabastecimiento, sino el de convertirse en un exportador neto de combustible. También promueve un “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador” en miras de cumplir con el objetivo de aumentar la producción de granos  y se propone extender aún más la frontera agropecuaria, a costa de la pérdida de millones de hectáreas de bosques y montes nativos y el despojo a la agricultura familiar, a campesinos e indígenas. Todo esto beneficia a los mismos sectores productivos concentrados de siempre. El gobierno nacional se ve exigido por la necesidad de obtener divisas con las ventas externas y así poder pagar los servicios de deuda que se fugaron.

Hace algunos meses se conoció el caso de Clara (nombre ficticio) que fue declarada persona con discapacidad por el Estado argentino. Clara fue diagnosticada a sus 7 años de un cáncer de tiroides, y en ese mismo diagnóstico supo que su corazón se había agrandado. Su madre murió del mismo cáncer y varios vecinos de la comunidad sufren los mismos padecimientos. Todos viven en el barrio Química, a orillas del Río Paraná (el segundo más grande de Sudamérica) y muy cerca de una de las plantas industriales de la Empresa Atanor S.C.A., a la que los vecinos responsabilizan de la contaminación y sus enfermedades. Atanor, una de las mayores productoras de herbicidas, insecticidas y fungicidas en Argentina, funciona a menos de 300 metros de la comunidad. Esta empresa, perteneciente a la multinacional Albaugh LLC, acumula, en los últimos 12 años, más de nueve denuncias por contaminación presentadas por la comunidad y por organizaciones civiles. Hasta el momento, lo único logrado, en dos ocasiones (2017 y 2020) es que dos jueces restrinjan, por no más de 15 días, el funcionamiento de la compañía; pero hasta hoy Atanor sigue operando sin restricciones. La CIDH le pidió a Argentina un informe por la denuncia presentada por los vecinos del barrio Química en 2019, y el país pidió prórroga dos veces, para finalmente no presentar nada. El 9 de agosto, el organismo internacional abrió el caso 14.635 y le dio seis meses de plazo improrrogables a Argentina para que presente observaciones adicionales sobre la denuncia del barrio Química.

El 24 de septiembre pasado, Argentina fue el décimo país en ratificar el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe. Este acuerdo es el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, y tiene como objetivo garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Hace unos pocos días, a través de la Resolución 27/2022, Argentina  aprobó la comercialización del trigo transgénico HB4, con tolerancia a la sequía y al herbicida glufosinato de amonio. Diversas organizaciones que nuclean familias campesinas, pequeños productores, comunidades indígenas y cooperativas, denunciaron que esto tiene una consecuencia directa: los transgénicos llegarán al pan y todos los derivados de la harina. También señalaron que esto derivará en un mayor uso de herbicidas y en el intento de avanzar en una nueva ley de semillas, y que se trata de una media que profundiza el modelo del agronegocio y la alianza gobierno-empresas.

En lo que respecta a la región, Gustavo Petro, que lidera las encuestas como candidato a la presidencia de Colombia, propuso crear un frente antipetróleo con Lula y Boric, que aleje la economía de los combustibles fósiles. “Eso es muy interesante”, afirma Viale. “Hay dirigentes progresistas en la región que nosotros llamamos progresistas de 2da generación, que tienen mucho más en claro la problemática del cambio climático o del colapso ecológico, y Petro es uno de ellos. Petro hace varios años que tiene incorporado como un tema central la problemática socioambiental, el otro es Boric. Ojalá eso termine de convertir a la totalidad del progresismo latinoamericano con esta misma variable. Tenemos que apuntar a lo que se llaman las energías del futuro, que son las energías renovables. Eso debería ser el presente.”