El próximo domingo Argentina será escenario de unas elecciones generales en las que se definirán las bancas de 127 diputados (la mitad) de todo el país, y de 24 (un tercio) de los senadores de 8 provincias. En agosto pasado, en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), se definieron las candidaturas y las agrupaciones políticas que podrán presentarse a las elecciones. Las PASO, además, sirvieron de termómetro para vislumbrar posibles escenarios. En ese sentido, la actual gestión de gobierno, a cargo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, sufrió un duro revés con un resultado adverso incluso en territorios donde el peronismo gana históricamente. Esto provocó una fuerte crisis –o la visibilizo- en el Frente de Todos -el partido de gobierno-, que quedó en evidencia tras un enfrentamiento entre el presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta; y que, a su vez, derivo en cambios en distintas carteras ministeriales y apuró algunas políticas que (dadas las circunstancias) no pueden dejar de ser vistas como parte de la coyuntura electoral. La pregunta que ronda ahora es cómo quedará el esquema de recomposición de poder luego de las elecciones, y de la crisis de gobierno.        

Aunque desde el oficialismo sostienen que el resultado de las PASO es producto de la pandemia, ya que esta les ha pasado factura a casi todos los oficialismos que vivieron elecciones desde que el virus tomó por asalto la coyuntura mundial, no todos acuerdan con que esta sea la principal razón de la derrota en el caso argentino.El pasado 12 de agosto, la alianza Juntos -que cuenta entre sus máximos exponentes al ex presidente Mauricio Macri-, se impuso en siete de las ocho secciones electorales en que se divide políticamente la provincia de Buenos Aires -el distrito electoral con más peso en el país, que concentra el 38% del padrón-, y alcanzó cuatro puntos más que el Frente de Todos (FdT). El Frente de Izquierda fue otro de los grandes ganadores en la Provincia, con uno de los mejores resultados del bloque en años, y se posicionó como la tercera fuerza a nivel nacional.

Por su parte, en la ciudad de Buenos Aires, un territorio gobernado por distintas formaciones y alianzas del “macrismo” desde hace 14 años, la nota la dio el candidato ultraderechista Javier Milei. Si bien el avance de las ultraderechas es un fenómeno global, en Argentina no representaba una alternativa visible hasta ahora. Milei, que se define a sí mismo como “libertario” y “anarcocapitalista”, alcanzó un 13% de los votos en la ciudad de Buenos Aires e instalo a su partido como la tercera fuerza de la capital del país. En el caso de repetir este resultado en las elecciones generales, será la primera vez que un candidato de extrema derecha entre al Congreso.

En Argentina, 4 de cada 10 personas son pobres, y una de cada diez es indigente. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondientes al primer semestre de 2021, muestran una lenta recuperación luego de la pandemia y de dos años previos de crisis económica. La pobreza disminuyó 1,4 puntos porcentuales respecto al 42% registrado seis meses antes pero sigue muy lejos del 32,2% de hace cinco años y aún más lejos del 24,7% de una década atrás. Según el INDEC, hoy por hoy, 18,8 millones de personas residentes en Argentina son pobres, es decir, sus ingresos son insuficientes para hacer frente a los gastos básicos. De ellos, casi cinco millones no cuentan con dinero suficiente para comprar alimentos y se ven obligados a recurrir a comedores y/o ayudas sociales.

En materia económica, el gobierno de Alberto Fernández ha concentrado sus mayores esfuerzos en renegociar el pago de la deuda con el FMI.   Según datos del FMI, entre 2003 y 2013 (gobiernos kirchneristas), la Argentina experimentó una reducción del 73% de su deuda externa respecto al PIB.  En enero de 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, se canceló la totalidad de la deuda con el FMI. Cuando Mauricio Macri llegó al poder (diciembre de 2015) la deuda externa bruta se ubicaba en u$s157.792 millones. Para su último año de mandato el gobierno de Macri ya no tenía acceso a los mercados internacionales. A fines de 2019, Macri se fue de la Casa Rosada con una deuda externa de u$s277.648 millones y una cuenta de vencimientos de deuda pública por pagar de casi u$s200.000 para los cuatros años del próximo gobierno. Durante el macrismo una gran parte de la nueva deuda se fugó. Una de las primeras medidas que adoptó Macri al asumir su mandato fue la flexibilización del control del mercado cambiario. Según un informe del Banco Central, durante los cuatro años de Macri, el Estado subsidió en 17.000 millones de dólares la compra de divisas de los privados. Hace algunos días el mismo Mauricio Macri reconoció: «La usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo». De esta manera, Macri contradijo al que era su ministro de economía, Hernán Lacunza, que había asegurado que “el dinero del FMI se usó para pagar las deudas”.

La evolución de la economía argentina en 2022 está atada a la reestructuración de la deuda de 44.000 millones de dólares contraída con el FMI en 2018. Aunque el préstamo que el FMI concedió al gobierno de Macri a mediados de 2018 fue por un total de US$ 57 mil millones, al ganar las elecciones en octubre de 2019, Alberto Fernández anunció que no aceptaría más que los fondos recibidos hasta entonces y renegociaría el calendario de pagos. El grueso de los vencimientos se concentra en 2022 y 2023, con desembolsos de más de 19.000 millones de dólares anuales. Es importante recordar que el préstamo que el FMI otorgó al gobierno de Cambiemos en 2018 fue el más grande en toda la historia del organismo, y aunque el FMI tiene ciertos criterios a la hora de aprobar créditos, como “que la deuda externa del país miembro tenga una alta probabilidad de ser sustentable”, en lo que representa una “política de acceso excepcional” a financiamiento, en el caso argentino esto es más que dudoso dado el desenlace que tuvo en la economía argentina solo unos meses más tarde. Según lo manifestó en febrero de este año, el mismo FMI tiene en carpeta una investigación interna para estudiar este tema.

Cuando Alberto Fernández asumió su gobierno en diciembre de 2019 -tres meses antes de que se decretara la pandemia-, todas las variables económicas eran malas. Si bien muchos de quienes apoyaron desde el inicio al actual gobierno, se mantuvieron expectantes debido a las complejidades añadidas por la pandemia, la falta de señales por parte de este que indicaran que se iba por un camino distinto al señalado por el FMI y/o las grandes empresas, fue mermando los apoyos, al menos de la clase media. Luego de conocerse los resultados definitivos de las PASO, las disputas internas del Frente de Todos se pusieron en evidencia y ocasionaron una fuerte crisis. Los resultados, sostienen los más cercanos a la vicepresidenta, responden a un malestar social que Cristina Fernández viene advirtiendo tanto en declaraciones públicas como en la mesa chica. Otros tantos basan sus desavenencias en la tibieza del gobierno de Alberto Fernández, y para el caso citan como ejemplo lo sucedido con Vicentin, una empresa que el gobierno amenazo con expropiar al inicio de su mandato, aunque se desdijo unos días más tarde. Pero el mayor tembladeral se produjo tres días después de las PASO cuando Cristina Fernández publicó en las redes sociales una carta  en la que instó al presidente a cambiar el rumbo de gobierno. La carta tuvo sus efectos y  estos se tradujeron en cambios ministeriales, es decir, salieron unos y entraron otros con un perfil más de territorio, mayor experiencia y capacidad de gestión.

Si bien Alberto Fernández centro todos sus esfuerzos en la renegociación de la deuda con el FMI, no todos en el Frente de Todos acuerdan con esta estrategia, y reclaman más atención en la resolución de los urgentes problemas internos, como la suba de una inflación que derrite los ingresos (52,5% interanual). Ante la falta de acuerdo con los empresarios para el congelamiento de precios de más de 1432 productos hasta diciembre, el gobierno decidió aplicar la ley.  La Ley de abastecimiento faculta al Estado Nacional a intervenir en los mercados para fijar precios y márgenes de utilidad cuando lo considere necesario. Esta es una de las pocas medidas en que el gobierno se planta frente al establishment para que la inflación no le siga ganando a los ingresos, aunque los mecanismos y las trampas para boicotear esta clase de medidas en la cadena de valor están más que aceitados, con lo que habrá que esperar para ver los resultados.

Estos días, el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, visitó Argentina y señaló en una entrevista algo con lo que Cristina Fernández de Kirchner coincide, y es que, quienes llegar al gobierno en América Latina no llegan al poder. La ex presidenta sostuvo en sus declaraciones a la prensa que, siendo presidenta, ella gozaba -como mucho-, de un 25% de poder.