La pandemia del coronavirus acelero el análisis y el tratamiento de medidas como la Renta Básica Universal (RBU) a nivel mundial, pero también en América Latina (AL). Se trata de una transferencia monetaria (TM) que, a diferencia de muchas de las medidas de emergencia que vienen tomando los Estados para paliar los efectos de la crisis provocada, y profundizada, por el coronavirus, es de carácter estructural. A lo largo del tiempo, unos cuantos países han experimentado con este tipo de medidas en mayor o menor escala. El desafío que representa su implementación en una región como la latinoamericana es su desigual estructura y distribución de ingresos y riqueza, amén de la resistencia que despierta entre quienes detentan las principales fortunas y, en muchos casos, son renuentes a resignar privilegios. Sin ir más lejos, pese a los altos índices que denotan un enorme crecimiento de la pobreza producto de la pandemia, la ONG Oxfam dio a conocer estos días un informe que señala que en AL los millonarios aumentaron sus fortunas en 48.200 millones de dólares desde marzo hasta julio, o sea, el equivalente a un tercio de los paquetes de estímulo de los países de la región.

Principales antecedentes
La Renta Básica Universal (RBU), el ingreso ciudadano o renta de la ciudadanía, consiste en una TM permanente para todas las personas, individual, no condicionada (sin contraprestación), y vitalicia, que otorga un nivel básico de seguridad económica.
“Podemos hablar de experiencias que se acercan a la idea de la renta básica pero, tal y como solemos definirla, no se ha implementado en ningún país”, cuenta Pablo Yanes, Coordinador de Investigaciones de la sede subregional de la CEPAL en México. “Es una medida que probablemente será una de las mayores innovaciones del siglo XXI. Lo que tenemos son algunas experiencias aleccionadoras como la de Alaska, Nueva York, Canadá, California, Holanda o, más recientemente, Finlandia”.
Brasil es el único país del mundo que tiene aprobada una ley de renta básica de ciudadanía –la ley 10.835, de 2004–. La Ley entró en vigor en 2005, pero su implementación fue frenada por la introducción del programa Bolsa Familia. En México, el primer programa universal de transferencias no condicionadas fue el de la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores (2006) en la Ciudad de México. En 2019 se convirtió en una transferencia universal de todo el país. En Bolivia, Argentina y Uruguay también se pusieron en práctica pensiones universales para adultos mayores. En Argentina existen programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) -que es un dinero que se les da a todas los niñas y niños cuyos padres tienen trabajos informales y ganan menos de un salario mínimo-, además de una sanidad y una educación pública y gratuita.
Por lo demás, también se han llevado adelante experiencias de RBU en lugares tan remotos como Kenia, Irán, India o Alemania con más o menos variantes. “Los efectos no son los efectos clásicos con los que se miden algunas políticas sociales sino el impacto positivo en salud mental, reducción de la ansiedad, la posibilidad de que madres y padres puedan dedicar mayor tiempo a sus hijos por no tener presiones laborales tan fuertes, etc”, advierte Yanes.

Latinoamérica
La pandemia revelo de manera brutal la enorme fragilidad en materia de ingresos de las poblaciones latinoamericanas. Por ello, gobiernos de muy distinto cariz ideológico empezaron a hacer transferencias de emergencia. El monto adicional de transferencias -publicado en el Informe Especial COVID-19 Nº3 de la CEPAL-, que se ha hecho en estos meses, duplica el porcentaje de PIB del promedio de los últimos 20 años. Esto ha revelado la necesidad de resolver un problema de carácter estructural.
A estas medidas de emergencia se las conoce como transferencias monetarias, es decir, se trata de sumas de dinero que vienen a cubrir necesidades específicas. “La coyuntura ha sido favorable para pensar la urgencia de este tipo de medidas y, al mismo tiempo, sí se deben pensar medidas temporales o un nuevo sistema de protección social y de bienestar que incluya un pilar de ingreso básico garantizado”, sostiene Yanes. “Esto se ha discutido con mucha intensidad en el mundo en los últimos doce años, después de la gran recesión de 2008/09, y ha estado acompañando el debate sobre la transformación tecnológica o los impactos previsibles en la estructura del empleo, y ahora con la pandemia se ha vuelto a discutir”.

Argentina
Uno de los grandes problemas de la mayoría de los países de AL es, además de su enorme desigualdad, los altísimos índices de informalidad laboral. Lo que la diferencia, y mucho, de lo que sucede tanto en EEUU como en Europa. En Argentina casi el 40% de los trabajadores tienen contratos informales. Gran parte de estos trabajadores viven de la circulación: venden cosas en el tren o comida en un puesto callejero, son empleadas domésticas, etc. “Todas estas personas, cuando se declaró la cuarentena (20M), se iban a quedar sin ingresos”, señala Mercedes D’alessandro, Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía argentino. “Hay trabajadores formales a los que la cuarentena les permite seguir cobrando. El gobierno además tomo una serie de medidas para evitar los despidos y el quiebre de empresas. Cuando se identifica ese sector de la población, y se ve que es tan grande, era una obligación hacer algo. Le estás pidiendo que no salga de su casa, pero a la vez le estás diciendo que elija entre contagiarse o morirse de hambre”. De esta manera se piensa el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Hoy por hoy el IFE llega a 9 millones de personas, casi un quinto de la población, y es de 10 mil pesos (116 euros), lo que equivale a un poco más que una canasta básica (6 mil), pero no llega a un salario mínimo (16 mil). Tanto en Brasil como en Chile se aplican medidas similares. “El IFE tiene un espíritu universal ya que es no condicionado, pero te pide que no tengas un empleo registrado. Y es familiar porque se trata de llegar a una persona por hogar”, cuenta D’alessandro. Sobre la posibilidad de que el IFE se transforme progresivamente en una RBU, D’alessandro tiene sus reservas. “Por ahora se están debatiendo muchas ideas. En Argentina existen otras transferencias que eran previas a la emergencia. Tenés un sistema de pensiones que es universal y cubre un 98% de adultos mayores en edad de jubilarse. Además hay una protección social muy amplia que incluye sanidad y educación gratuitas. Entonces, comparar los paquetes de medidas entre países es complicado. En Chile, sin ir más lejos, no tenés salud y educación gratuitas”.
Argentina entro a la crisis de la pandemia con un 35% de pobreza, y un 52% de pobreza en niños menores de 14 años. “Todo el mundo pensaba que esta pandemia iba a durar unos meses. La economía mundial está muy golpeada y el gasto de todas estas medidas es enorme. Con todos estos condicionantes se debaten muchas medidas y, entre ellas, sí hay que llevar adelante una RBU”.

Fondos para la RBU
Otro de los temas fundamentales en relación a la RBU es de dónde provienen los fondos que la sustentan. Y esto se vincula con otros debates centrales, los indispensables cambios del sistema tributario (vía reformas progresivas), el control de los capitales financieros internacionales (evasión y elusión fiscal) y la precarización del mundo del trabajo. Como señala la politóloga Natalia Zuazo, “en su marketing positivo a la luz del día, Google participa en uno de los proyectos piloto para aplicar programas de renta universal en Kenia. Pero, al mismo tiempo, utiliza mecanismos de elusión fiscal con oficinas en Irlanda y pagos de dividendos por propiedad intelectual por sus servicios”.
En Argentina se debate un proyecto de ley para aplicar un impuesto a la riqueza por una única vez que no ha logrado ser discutido en el Congreso, pero sí un cúmulo de resistencias entre quienes ven amenazados sus privilegios, y de sus defensores, pagos y ad honoren. “Los grupos que detentan estas fortunas no están de acuerdo, pero a nivel social es algo que está avalado”, sostiene D’alessandro. “Se está trabajando en cambiar la estructura impositiva y generar mayor recaudación por esa vía”.
A Yanes, además de la débil y regresiva fiscalidad, le preocupa el muy previsible aumento de la pobreza extrema. “Desde la Cepal estimamos que la evasión y elusión fiscal en la región es superior a los 350.000 millones de dólares por año, es decir, el 6 o 7 % del PIB de la región” afirma. “Hay que revisar toda esta fábrica de desigualdad porque se da la paradoja de no ser la región más pobre pero sí la más desigual del mundo. Es decir, AL tiene una economía más grande que el bienestar del que gozan sus habitantes. Por ejemplo, sí tú tienes un ingreso entre 1 y 3 veces la línea de pobreza, estadísticamente no serás pobre, pero sí con ese ingreso tienes que costear la educación y la salud pues no vas a poder hacerlo”.

Millonarios
El mismo informe de Oxfam citado anteriormente señala que, de marzo a julio se sumaron 8 personas al listado de las personas con patrimonios superiores a los mil millones de dólares en AL, un nuevo multimillonario cada dos semanas. Y sí de millonarios se trata, un grupo de 83 super-millonarios del mundo le escribió una carta al G20 para exhortar a los gobiernos a que les cobren más impuestos. “Nuestros gobiernos tienen que subir los impuestos a gente como nosotros. Inmediatamente. Sustancialmente. Y que sea permanente”, dice la carta publicada por el matutino británico The Guardian. El grupo autodenominado, “Millonaires for Humanity” es una ampliación con millonarios de otros países de los “Patriot Millonaires”, una organización estadounidense (2010). Morris Pearl, director de «Patriotic Millonaires», fue aún más lejos y, en una entrevista concedida al suplemento Cash del periódico Página 12, sostuvo: “el ministro de finanzas de Alemania dijo que había que hacer algo sobre las multinacionales y los paraísos fiscales. Estamos de acuerdo, pero no resuelve todo el problema. Suspender el pago de la deuda de los países más pobres es un pequeño paso en la dirección correcta, pero hay que ir mucho más allá. Los ricos tienen que pagar más impuestos y los que menos tienen, pagar menos”. Morris asegura que estamos en una situación de concentración de la riqueza sin precedentes en la historia, que ni siquiera beneficia a los ricos y que, además, ellos mismos necesitan consumidores. “Todo esto implica tomar conciencia del gran nivel de inseguridad, fragilidad e incertidumbre en que se encuentran grandes segmentos de la población. Básicamente es un problema de estructuras de poder, de economía política y de relaciones distributivas”, concluye Yanes.