Estas últimas semanas el modelo económico chileno, presentado como el más exitoso de la región, y exportado al mundo, tuvo que valerse de tanques en las calles para garantizar su continuidad. Esta fue, ni más ni menos, que la respuesta del gobierno de Sebastián Piñera a una enorme cadena de protestas que se sucedieron luego de que estudiantes, y gente de a pie, protagonizarán una masiva evasión al control del metro. La evasión fue la respuesta al anuncio del aumento de este transporte y sirvió de disparador para un sinfín de acciones que no dejan de repetirse a lo largo de toda la geografía chilena desde el viernes 18 de octubre. Movilizaciones, Asambleas Constituyentes y todo tipo de manifestaciones callejeras pasaron a ser, de la noche a la mañana, parte del paisaje cotidiano de un Chile que despertó, como señala una de sus principales consignas. La reacción del gobierno, por ahora, ha ido desde una feroz represión hasta el anunció de paquetes de medidas por demás antipopulares que no han hecho más que encender aún más la mecha.

“No son 30 pesos, son  30 años” fue otra de las consignas que tomo forma con el correr de los días. Sí bien las evasiones estaban motivadas por un alza programada de $30 (€ 0,037) del precio del metro -estas alzas son un evento corriente que sucede más o menos dos veces al año-, esta vez fueron la gota que colmó el vaso.

Pasada la medianoche del viernes 18 de octubre Piñera anunció el Estado de Excepción y sacó a los militares a la calle. Al día siguiente anunció la suspensión del alza del precio del metro y junto a ello el toque de queda. Para entonces el estallido ya se había propagado por todo el país y el pueblo se mantuvo en la calle desafiando el toque de queda. Ese fue el carácter marcado de las manifestaciones hasta el viernes 25 de octubre, día en que se produjo una gigantesca marcha que en Santiago reunió a casi dos millones de personas. 

Principales demandas

Los gobiernos neoliberales posteriores a la dictadura de Pinochet (1973-90), no hicieron más que perfeccionar el modelo neoliberal que heredaron. De este modo, se privatizó todo lo privatizable: educación, salud, agua natural y potable, sistema previsional, transporte, comunicaciones, carreteras, pesca, bosques y salmoneras. Las enormes ganancias de las empresas se disimularon detrás de una gigantesca oferta de créditos de consumo que permitió a los pobres consumir lo que deseaban comprando a crédito el «estatus» de clase media. De esta manera, un hogar chileno promedio carga una deuda equivalente a casi al 75% de su ingreso familiar y ocho veces el total de sus ingresos en un año. 

Entre las principales demandas de la protesta actual se encuentran la renuncia de Piñera a su cargo y una nueva constitución que surja de las Asambleas Constituyentes. Pero no sólo eso, también se habla de educación pública y gratuita, salud, pensiones, bajos salarios, depredación medioambiental o agua potable. Todas cuestiones que atañen a la precarización de las condiciones de vida. 

Tanto la respuesta, por parte de Piñera, de hacer dimitir a algunos de los funcionarios de su gabinete como el anunció de una agenda social (22/10),  fueron recibidos con más descontento. Los nuevos ministros son, en su mayoría, personas recicladas de otros puestos o de administraciones anteriores, y la “agenda social” consiste en congelar o rebajar los precios de algunos bienes (luz eléctrica, medicamentos, etc) y elevar los montos de algunos ingresos (salario mínimo, pensiones) por la vía de los subsidios estatales al sector privado. Muchos sostienen que se trata de medidas propias de un empresario y no de una estadista y que Piñera ha encontrado en esta crisis una excelente oportunidad para hacer negocios y para beneficiar al empresariado profundizando la lógica del Estado subsidiario. 

Represión

Desde las masivas jornadas de protesta que iniciaron el 18 de octubre se contabilizan hasta el momento 23 muertos, de acuerdo a la Fiscalía de Chile. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó que ya recibió unas 2.300 denuncias por vulneraciones a los derechos humanos y presentó 14 querellas por violencia sexual. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras tanto, espera la autorización para ingresar al país. 

Por lo demás, en el transcurso de estos días al menos 157 personas han perdido alguno de sus ojos producto de los balines. La escalada de violencia institucional ha hecho que los manifestantes hayan ideado formas de protección y cuidado que incluyen gafas especiales, escudos rudimentarios, ropas que cubren todo el cuerpo y cascos que protegen de bombas lacrimógenas. 

Los primero días de protestas fueron escenario de saqueos a grandes superficies comerciales. Muchos de estos locales resultaron incendiados y al menos 8 personas murieron como producto de esos incendios. Aunque al comienzo, y de manera no oficial se dijo que se trataba de incendios provocados por policías y militares, y no por la población civil, con el correr de los días se confirmó que, al menos dos de las personas que fueron halladas calcinadas en esos lugares, habían muerto por impacto de bala y no por la acción del fuego. 

Organización y participación

Existen en Chile cinco millones y medio de trabajadores formalmente asalariados, de los cuales el 17% corresponde al sector público (estatal) que, por mandato constitucional, tienen prohibido el derecho a sindicalización, negociación colectiva y huelga. El 83% restante corresponde al sector privado de la economía y de ellos, al rededor del 15% se encuentra sindicalizado (unas 700 mil personas aproximadamente), en una extensa red de más de 10.500 sindicatos que no tienen coordinación entre sí, con excepción de quienes pertenecen a una misma Central Sindical. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la más grande del país, agrupa a poco menos del 25% de los sindicalizados. No existen sindicatos por rama económica (esta forma sindical está prohibida por  ley), y el único sector que en los hechos se organiza por rama es el de los trabajadores portuarios. 

Uno de los primeros antecedentes de organización y lucha, y cuyo sedimento sirve de base para lo que hoy sucede, es la Coordinadora NO+AFP. Las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) chilenas representan uno de los principales caballitos de batalla de la economía y el único sistema por el que puede optar alguien en edad de jubilarse. “Las AFP fueron impuestas en Chile en pleno gobierno militar, en 1981, y se suponía que significarían un 80, 90 o hasta un 100% de la renta en activo, pero esto nunca se cumplió” sostiene Carolina Espinoza Tapia, dirigente sindical y vocera de NO+AFP. “Las pensiones en Chile representan un tercio del salario mínimo. Es un sistema de ahorro forzoso en el que se nos descuenta un 10%, pero además de este porcentaje, que va a nuestra capitalización individual, se le paga a la AFP un costo de administración. Es un suculento negocio para los dueños de las AFP y una condición de miseria para los pensionados”, enfatiza.

Nadie cuestiona el crecimiento económico ni el desarrollo del modelo económico chileno, pero tampoco su carácter profundamente desigual en términos sociales. “Este desarrollo ha sido acumulado por el 1% de la población, hay un puñado de 12 familias dueñas de todo”, continúa Espinoza. “Hay mucha gente que ha tenido un buen pasar en su vida activa y pasa a la pobreza cuando se jubila”.

La Coordinadora NO+AFP nace en el año 2012 articulando demandas de sindicatos, organizaciones de base y territoriales. Por su parte, la Mesa de Unidad Social, que es el espacio que hoy por hoy aglutina el conjunto de fuerzas que participan de este proceso, fue convocada en junio de este año por la Coordinadora NO+AFP, y es un intento de concertar distintos sectores organizados del mundo social. Desde el 18 de octubre a esta parte, este ha sido el referente al que han afluido más de cien organizaciones sociales en busca de coordinación. La mesa condensa intereses e ideologías de muy diversos caracteres, lo que hace aún mayor el desafío en términos de organización. 

Para Javier Zuñega, integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios, que también forma parte de la Mesa, se trata de “una experiencia inmensa que nos está dando muchísimos elementos para la acumulación de aprendizaje de los pueblos, y nuestra propia capacidad de lucha y organización. Hay muchas tensiones y todo el tiempo aparecen coyunturas dentro de coyunturas que requieren de un mínimo de organicidad. Pero el activo social que está participando de las asambleas es orgánico, no en términos de que pertenece a una organización, sino en términos de que pertenece a una clase”.